En respuesta a las preguntas que buscan aclarar el caso Weymeyer, confirmamos la conclusión de las autoridades policiales de que cumplimos con los requisitos de denuncia obligatoria. Nos hemos puesto continuamente a disposición de las autoridades policiales para responder a cualquier pregunta pendiente que puedan tener sobre el asunto y sabemos, basándonos en el conjunto de hechos del caso, que las conclusiones anunciadas ayer por las autoridades civiles son exactas.
Con respecto al cronograma asociado con nuestro informe de junio de 2012, la primera vez que cualquier representante de la arquidiócesis tuvo conocimiento de las acusaciones específicas de abuso sexual de un menor por parte de Wehmeyer fue en la mañana del 19 de junio de 2012. Sin embargo, esa información fue proporcionada a un sacerdote de la arquidiócesis en el contexto de una relación pastoral, lo que se considera una comunicación privilegiada según la ley de Minnesota. La arquidiócesis solicitó la renuncia al privilegio para poder denunciar el asunto a la policía. La madre de la víctima, única persona que podía renunciar al privilegio, lo hizo en la tarde del 20 de junio. Esto permitió a la arquidiócesis presentar una denuncia formal a la policía esa misma tarde en relación con las acusaciones compartidas en el marco de la relación pastoral. Es innegable que la denuncia se presentó inmediatamente después.
Hemos proporcionado a las autoridades policiales un cronograma detallado con documentación justificativa clara y estamos dispuestos a proporcionar cualquier información adicional que puedan necesitar.
Con respecto al documento del decreto que afirma que la arquidiócesis recibió una denuncia sobre Wehmeyer el 18 de junio, es importante conocer la siguiente información: en primer lugar, el decreto fue redactado por la ex canciller de Asuntos Canónicos y se entregó al arzobispo John Nienstedt para que lo firmara, por lo que refleja su percepción de la cronología de los hechos; en segundo lugar, la fecha de referencia es inexacta, según toda la información detallada y sustancial y la documentación que hemos proporcionado a la policía; y en tercer lugar, el decreto, que es un documento canónico, se archivó junto con otros documentos presentados a la Santa Sede y no se incluyó en el expediente del sacerdote.
