Nos unimos en solidaridad con el Departamento de Policía de St. Paul y con todas las autoridades civiles para seguir animando a cualquier persona que sospeche de un caso de abuso contra un menor o un adulto vulnerable en el ámbito del ministerio de la Iglesia —o en cualquier otro entorno, incluyendo el hogar o la escuela— a que se ponga en contacto en primer lugar con las fuerzas del orden. Cualquier acto de abuso contra un menor o un adulto vulnerable es censurable y moralmente repugnante, y no lo toleraremos.
Desde 2002, hemos implementado una larga lista de reformas normativas y procedimentales para aclarar las directrices y reforzar su cumplimiento. Algunas de las medidas que hemos tomado incluyen la realización de más de 3,000 sesiones de capacitación sobre entornos seguros para adultos, dirigidas a aproximadamente 70,000 adultos; la realización de 105,000 verificaciones de antecedentes de clérigos, personal y voluntarios; y la impartición de lecciones adecuadas a la edad de más de 100,000 niños para ayudar a mantenerlos seguros.
Como muestra adicional de nuestro compromiso de abordar estas cuestiones de manera enérgica y coherente, se ha creado un grupo de trabajo independiente y externo que llevará a cabo una revisión exhaustiva de nuestras políticas y prácticas. Sus conclusiones se harán públicas una vez que sean definitivas.
Lamentamos profundamente cualquier daño que haya causado la conducta indebida del clero. Eliminar cualquier forma de abuso es la máxima prioridad de la Arquidiócesis. Nuestro historial no es perfecto, pero hemos logrado grandes avances y estamos decididos a hacer todo lo necesario para eliminar este problema.
