Cuanto más espera Washington, peor se vuelve el problema. Las comunidades están tensas y millones de personas viven en un estado constante de incertidumbre. Esto no beneficia ni a la justicia ni al bien común.

Como obispo encargado del cuidado de las almas, quiero reiterar el llamamiento constante de los obispos católicos de todo Estados Unidos para que los verdaderos estadistas den un paso al frente, dejen de lado los cálculos partidistas y promulguen una reforma migratoria federal significativa.

No se pueden ignorar los fracasos recientes. La nación recibió un mal servicio por parte de quienes abrieron las fronteras. La avalancha de migrantes desbordó a las comunidades locales, erosionó la confianza pública y debilitó el estado de derecho. La compasión divorciada del orden no es compasión en absoluto, es negligencia.

Al mismo tiempo, es incorrecto culpar a los inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales llegaron aquí en busca de seguridad, trabajo o reunificación familiar. La solidaridad no puede ser selectiva. Debemos apoyar tanto a los ciudadanos como a los inmigrantes indocumentados como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios.

La tradición católica insiste en mantener unidas verdades que los políticos prefieren separar. Las naciones tienen el derecho y el deber de proteger sus fronteras y hacer cumplir sus leyes. Los inmigrantes son seres humanos con derechos naturales que deben ser respetados. La auténtica justicia requiere tanto el estado de derecho como la misericordia, tanto la responsabilidad como la hospitalidad.

En este sentido, es justo respetar los esfuerzos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando cumplen su misión de identificar y detener a delincuentes peligrosos que han entrado ilegalmente en el país. La expulsión de personas peligrosas redunda en beneficio del bien común. Proteger a los inocentes es una obligación moral.

Sin embargo, la situación actual es insostenible. Incluso los inmigrantes que respetan la ley viven con el temor de que cualquier interacción con las autoridades pueda separar a los padres de sus hijos o echar por tierra años de trabajo honesto.

Lo que se necesita es una solución integral y a largo plazo que refleje la realidad en lugar de la ideología. Esa solución debe incluir la concesión de un estatus legal a quienes han echado raíces, han contribuido a sus comunidades y han vivido aquí durante años. Una solución viable también tendría que reconocer que algunas personas serán deportadas. La misericordia no niega las consecuencias, y la compasión no significa fronteras abiertas.

El proyecto de ley del Senado de 2013 ofreció una visión de lo que puede ser una gobernanza responsable: compromiso bipartidista, atención al cumplimiento de la ley y a las vías legales, y reconocimiento de que la irregularidad generalizada no beneficia a nadie. Lamentablemente, ese esfuerzo fracasó, no porque el problema fuera irresoluble, sino porque la voluntad política se derrumbó bajo la presión de los extremos. Desde entonces, hemos pagado el precio de ese fracaso.

Como pastor, veo el costo humano en todos los lados. Atiendo a feligreses inmigrantes que temen llevar a sus hijos a la escuela o ir de compras, independientemente de su situación legal. También atiendo a aquellos que se sienten abandonados por los líderes que parecen más interesados en las posturas políticas que en proteger a sus comunidades. La iglesia no puede elegir un rebaño sobre otro. Tampoco debería hacerlo la nación.

La reforma migratoria no consiste en borrar fronteras ni demonizar a los recién llegados. Se trata de restaurar el orden moral, fortalecer a las familias y promover el bien común. Esa labor exige valentía, humildad y voluntad de compromiso, virtudes que definen el buen arte de gobernar. Si seguimos retrasándola, el debate solo se volverá más amargo y las soluciones más difíciles de alcanzar. El momento de actuar es ahora.

El arzobispo Hebda dirige la Arquidiócesis Católica de San Pablo y Minneapolis.