Del Arzobispo Bernard A. Hebda
Acojo con satisfacción la legislación promulgada hoy por el papa Francisco para abordar de manera global el daño causado por los abusos sexuales a menores y adultos por parte del clero, incluidos los obispos. Esta lacra de actos abusivos —y la falta de procedimientos claros para responder de manera eficaz a ellos—, así como la incapacidad de algunos obispos y otros líderes de la Iglesia para responder adecuadamente a las denuncias de abusos, ha causado un daño profundo a demasiadas personas. Además, las respuestas inadecuadas en el pasado también han debilitado la credibilidad de la Iglesia en su esfuerzo por dar testimonio de la buena nueva de Jesús.
Agradezco que el Santo Padre haya actuado con tanta decisión para promulgar una legislación que refleja las aportaciones realizadas en la histórica reunión de líderes eclesiásticos de todo el mundo que convocó en Roma el pasado mes de febrero. Las medidas del papa Francisco reflejan la urgente necesidad de adoptar medidas concretas y proporcionar una orientación clara para denunciar e investigar las acusaciones de abuso sexual de menores y adultos por parte de todo el clero, incluidos los obispos. Estas disposiciones innovadoras, que se aplicarán en todo el mundo, responden a las lagunas existentes en las leyes y estructuras de la Iglesia. Agradezco que estas nuevas normas prevean la participación significativa de expertos laicos, cuyas habilidades profesionales son claramente necesarias para llevar a cabo esta difícil labor. También me complace que las normas dejen claro que los obispos, cardenales y otros líderes de la Iglesia deben rendir cuentas de sus actos.
Durante el último año, el obispo Cozzens y yo hemos estado pidiendo públicamente una nueva estructura que permita investigar y evaluar objetivamente las denuncias contra los obispos. La legislación actual lo consigue.
